juan carlos galindo

La Nueva ley de Contratación Publica

La Comisión de Hacienda ha aprobado la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. 20 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, las de PSOE y Unidos Podemos, han sido aval suficiente para aprobar esta nueva norma.

 

El Sector Público venía necesitando una nueva norma que regulase la contratación pública y que sirva de garante para actuar y evitar escándalos de corrupción tan notorios y abundantes como los que se han venido produciendo en los últimos años. Bien, pues no lo han conseguido, esta ley es todavía INEFICAZ para con la lucha contra la corrupción pública y política (digo todavía, porque queda el SENADO y algo se podrá enmendar si existe voluntad política)

La Nueva Ley de Contratos del Sector Público pretendía ser un aval de garantía de cumplimiento y una barrera contra las irregularidades.

La nueva norma establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas si así lo prevén los pliegos. Además, se rebaja el importe para la adjudicación de contratos menores hasta 40.000€. Rebaja que  roza el ridículo más espantoso ya que antes estaba en 50.000, no se que pretenden con esta rebaja de “SALOON”  Flaco favor…

Además, se creará una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia. Entre las principales novedades de esta norma se contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, lo que dificultará la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de la Administración pública ante proyectos fracasados, como puedan ser los casos de las autopistas radiales o el proyecto Castor.

Establece un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20% del importe contratado. Así mismo, se obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración.

La ley obliga a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tienen que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella.Además garantiza la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía (de 18.000 a 15.000,esta vez es un “BAILE DE SIRENAS” deberían dejarlo en 5.000€). Otro aspecto es la desaparición de las instrucciones del sector público, con lo que las entidades públicas deberán someterse a la ley directamente.

 

Los expedientes de contratación serán públicos con la excepción de la información clasificada o que pusiera en peligro otros derechos, siempre de forma justificada. Tampoco podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares.La nueva ley también incide en la contratación de los partidos políticos con el sector público. La directiva europea obligaba a incluir a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.

 

El siguiente paso para que la nueva Ley se ponga en marcha es el paso por el Senado, donde será tramitada en septiembre. Dos años ha tardado en salir a la luz esta nueva Ley que, según coinciden la mayoría de formaciones políticas, ha gozado de un consenso unánime que como verán de poco ha servido para su objetivo inicial, mitigar los procesos de corrupción en la administración publica.

Ocasión perdida para subsanar LA MAYOR DEFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA, ¡seguimos sin saber quién es el dueño real de las empresas que licitan!, la “TITULARIDAD REAL”, cosa que aprovechan los CORRUPTOS para utilizar sociedades AD HOC para licitar con un único fin,  EXPOLIAR los fondos públicos.

Véanse todos los casos de corrupción: PÚNICA (utilización de empresas para saquear en la administración local) GONZALEZ (empresa publica que utiliza entramado de empresas en el exterior) NOOS, GÜRTEL, ERE, FORMACIÓN, EDU…

Pero que es la TITULARIDAD REAL:

Se entenderá por titular real:

La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.

La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.

La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.

Recabarán información de los licitantes para determinar si éstos actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que no actúan por cuenta propia, recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan aquéllos.

Adoptarán medidas adecuadas al efecto de determinar la estructura de propiedad o de control de las personas jurídicas.

No establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de control. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.

Si a esto le añadimos la obligación de: EL SEGUIMIENTO CONTINUADO EN LA RELACIÓN DE NEGOCIO:

Se obtendrá información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular recabarán de sus licitantes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.

Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los licitantes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de los clientes de documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de información sobre ella ajena al propio licitante.

Se aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga la administración del licitante y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar que los documentos, datos e información de que se disponga estén actualizados.

Aun así, no perdemos la esperanza, pensamos que todavía estamos a tiempo de convencer al POLÍTICO que debemos de tomar medidas de PREVENCIÓN en la CONTRATACIÓN PUBLICA .