La Politica , el Futbol y el Blanqueo de Capitales

Una organización criminal que actúa dentro de una institución del poder legislativo estatal utiliza en sus procedimientos de corrupción: personas naturales (“testaferros” y “pantallas”), una hoja de pago de contabilidad paralela, créditos fraudulentos, amnistía fiscal, declaraciones falsas de impuesto de renta y traspasos financieros a equipos de fútbol.

La organización criminal está compuesta por personas que recibieron financiación para una campaña electoral. Después de la elección los involucrados, ahora diputados, ejecutaron una estrategia de corrupción dentro de la Asamblea, asumiendo los principales puestos (como la Presidencia, las Secretarias, la Tesorería, y otros puestos estratégicos) y crearon una hoja de pago y una contabilidad paralela, para operar pagos de sueldos de empleados ficticios. Los sueldos, de un valor importante, se pagaron a testaferros:

  1. a) Se emitieron cheques de sueldo a nombre de los empleados ficticios (testaferros). En seguida tales cheques se endosaron a nombre de una empresa de factoring. Esa simulaba una operación de fomento de la actividad con todas aquellas empresas que habían participado la financiación de la campaña electoral. De esa forma se devolvieron todos los fondos recibidos en el curso de la campaña electoral.
  1. b) Además, se descontaron fondos de la hoja de pago de los empleados, a beneficio de una empresa del sector inmobiliario. Posteriormente la empresa reenvió aquellos fondos a los diputados. Para justificar los ingresos, los diputados simularon una venta de un inmueble a la empresa involucrada (sector inmobiliario).
  1. c) Asimismo, la organización creó más procedimientos para retirar fondos de la Asamblea; Los diputados tomaron préstamos bancarios en instituciones financieras con el aval de la Asamblea y por medio de los miembros de la mesa directora de la Asamblea. Los recursos provenientes de los préstamos se dividieron entre los diputados. Aquellos nunca cancelaron los créditos sino la Asamblea Nacional.
  1. d) Los diputados emplearon equipos de fútbol como pantalla para defraudar y desviar fondos públicos. En algunos casos los equipos de fútbol fueron administrados  por el Presidente de la Asamblea en cooperación con el gerente financiero del equipo;
  1. e) El Intendente del Gobierno Nacional imputó en colaboración con la Asamblea y la autoridad tributaria actos de amnistía fiscal y  perdonó a diversas empresas sus deudas fiscales; algunas perteneciendo a diputados nacionales.

Este caso es lo que se denomina una tipología de blanqueo de capitales y fue presentada por GAFISUD, que es un grupo regional perteneciente a la red internacional de organismos dedicados a la prevención y a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El núcleo de ésta red es el GAFI/FATF con su sede dentro de la OCDE en París.

En toda tipología se pueden encontrar unas señales de alerta. En este caso

  • ROS (Informes de operaciones sospechosas de distintos comunicantes);
  • ROE  (registros de operaciones en efectivo);
  • Personas políticamente expuestas – PEPs;
  • Recursos Públicos;
  • Movimiento financiero que no demuestra ser resultado de negocios normales;
  • Simulación de operaciones inmobiliarias;
  • Señales exteriores de riquezas.

Con estas señales de alerta, los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales tienen la obligación de establecer sistemas y controles en función del riesgo, su actividad y estructura.

Veremos que las Administraciones Públicas,los partidos políticos,los sindicatos y los equipos de fútbol no son uno de esos sujetos obligados.

¿Pero qué es blanqueo de capitales?

En España parece consolidada terminológicamente una serie de conceptos respecto del blanqueo de capitales:

  1. Se trata de un proceso.
  2. Este proceso pretende convertir el dinero negro, es decir, el procedente de negocios que constituyen un delito, o que no se pueden justificar ante las autoridades competentes, en dinero que se pueda justificar fiscalmente.
  3. Se marca la tendencia de unificar el concepto del dinero no declarado a la Hacienda Pública con el obtenido ilegalmente. Es decir, que no declarar a la Hacienda Pública es un delito.
  4. El proceso en sí mismo es un delito.
  5. En el blanqueo de capitales ha de tenerse en cuenta tanto el dinero como los bienes obtenidos ilegalmente.

Podríamos decir en una primera aproximación, sin pretensiones jurídicas, que el blanqueo de capitales es el proceso a través del cual se trata de dar apariencia de legalidad o legitimidad a unos productos (dinero, divisas, fondos, activos, capitales, bienes, …), generados como consecuencia de una actividad ilegal o injustificada, siendo la clave del proceso de blanqueo el eliminar el rastro entre dichos productos y la actividad ilegal realizando múltiples actos o negocios jurídicos cuyo objetivo es complicar o borrar cualquier relación respecto de su origen verdadero.

El proceso de blanqueo se compone de varias fases:

  1. Colocación: Momento en el que los fondos son introducidos en el sistema económico o financiero.
  2. Transformación: Conjunto de operaciones dirigidas a encubrir, ocultar o hacer desaparecer el nexo entre el activo y su fuente.
  3. Integración: Retorno del activo al patrimonio de quien lo generó con toda la apariencia de legalidad.

Los métodos de blanqueo son complejos y cambiantes. Factores como la deliberada complejidad de los procesos, la modificación frecuente de la naturaleza de los activos, o el cambio en su localización geográfica, suelen verse con frecuencia asociados a esquemas de blanqueo.

La lucha contra el blanqueo de capitales se basa en dos mecanismos mutuamente complementarios:

  1. El sistema represivo o penal, que configura al blanqueo de capitales como un delito tipificado en el Código Penal, correspondiendo a los juzgados y tribunales su represión, con el auxilio de los cuerpos policiales.
  2. El sistema preventivo o administrativo, que intenta dificultar o impedir el acceso al sistema financiero, así como a otros sectores de actividad, de bienes o capitales de origen delictivo, mediante la imposición de una serie de obligaciones a determinadas personas o entidades que operan en dichos sectores de manera que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción administrativa, castigada con sanciones de multa de elevado importe.