Entrevistamos a Luis Rodriguez Soler Consultor en Compliance

Luis Rodriguez Soler

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales ADE por CUNEF, con más de 30 años de experiencia en el campo de la consultoría en Compliance, con foco en prevención de blanqueo, financiación terrorista y fraudes corporativos y delitos, siendo uno de los expertos más reconocidos en esta materia en España e internacionalmente. Fue directivo de Big 4, en banca privada y pública y en consultora internacional de inteligencia, y desde 2009 CEO fundador de ComplianZen consultora pionera en Compliance. Los modelos que desarrolla combinan aspectos jurídicos, operativos y tecnológicos, considerándose como boutique de mejores prácticas internacionales. Es profesor Universitario en las principales Universidades, Másteres y Asociaciones y formador en Cuerpos de Seguridad del Estado. Experto acreditado ante SEPBLAC, Monitor ACAMS, fue vicepresidente del IAI y de INBLAC, y a desarrollado internacional y nacionalmente centenares de informes expertos y proyectos de Corporate compliance en todas las industrias.

 

La entrevista:

  • ¿Crees que es necesario que la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio sobre el contenido del informe de experto externo debe de modificarse de una vez? ¿por qué crees que no se ha realizado todavía? Y si desde el 2014, existe seguridad jurídica con esta orden.

Por supuesto que sí. Si bien esta Orden en su día fue bienvenida y aportó orden – valga la redundancia – para expulsar el intrusismo en cierta medida, obviamente debe adaptarse. Pero es que en materia de prevención del blanqueo – y de financiación del terrorismo – hay mucho que modificar. La cronología actual de legislaciones de esta materia es de locura. Para hacerlo bien es preciso cambiar el paradigma de la prevención de los propios delitos. Creo que no se ha realizado esta modificación porque claramente existen otras prioridades – de hecho, ya ha caducado en enero 2020 en España la transposición de la nueva Directiva en la materia (como de costumbre).

  • ¿Crees que nuestros organismos reguladores y de inspección como: la Comisión, LA secretaria y el Sepblac, ¿no se han adecuado a las exigencias continuas de Europa ante una regulación internacional tan cambiante y exigente como es la del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

Estimo que los actuales (y algunos de los anteriores) funcionarios que trabajan en esta materia son muy profesionales y han ido progresando en su oficio. El apoyo real de las instituciones es lo que todavía a mi juicio es débil, así como que deben actualizar sus conocimientos a las mutaciones reales de estas lacras. Comparados con otros países me consta que son de las instituciones más preparadas. El factor político es lo que supone un lastre…

  • ¿Porque la Financiación del terrorismo, con la diferenciación tan clara en cuanto a su proceso, ocupa tan pocas líneas en la ley que lleva su nombre?

Sencillamente creo que es porque no se han parado a pensar a fondo el sentido de que se trata de dos delitos distintos que pueden ser a veces complementarios. Es un problema creo de escaso estudio por los entes que debería implicarse. Deberían preguntar más a expertos de los Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de redactar leyes y normativa oficial.

  • ¿Crees que al sujeto obligado le llega suficiente información gubernamental al respecto de la importancia que supone frenar el delito de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en al ámbito administrativo y de las obligaciones que tiene como sujeto obligado?

Creo que no. Es un claro punto de mejora. Pero debe hacerse con cautelas y salvaguardas. Sin materias delicadas cuando las trabajas “de verdad”. Es cierto que algunos organismos oficiales y cuerpos de seguridad van interactuando más con los sujetos – en el buen sentido – que en el pasado. En los años 90 y 2000 era bochornoso ver cómo los sujetos obligados en muchos casos superaban en conocimiento, cultura, confidencialidad y oficio al sector público. Hoy todos van progresando…

  • ¿Crees que, centrándose en el sujeto obligado financiero, es suficiente para que nuestro sistema preventivo sea eficaz y eficiente?

En absoluto. De hecho, el blanqueo ha mutado. Ya no entran en las oficinas bancarias las personas con bolsas llenas de billetes como en los años 80. Al sector financiero llega ya muchas veces el dinero “pre – blanqueado”. Siempre digo que “cualquier negocio que admita grandes cantidades singulares de efectivo como pago, de pequeño o elevado importe, donde no se precise la emisión de una factura que pueda suponer gasto deducible para el beneficiario del servicio como justificante de su pago, puede ser una perfecta lavadora”. Sería mejor centrarse en los transaccionales que categorizar las acciones preventivas en base a clasificación de tipo de sujetos.

  • ¿Piensas que nuestro sistema de prevención al no tener ningún dato de lo que evita (nadie se ha preocupado en conseguirlos) se pudiera pensar que es inútil o como mínimo ineficaz? O, dicho de otra forma, ¿sería necesario monitorizar las comunicaciones por indicio y sistemáticas VS detenciones y encarcelaciones de estas?

La monitorización y correlación sería la clave. Obviamente en entornos de confidencialidad, donde es mas relevante que toda la información útil se trate y gestione donde se debe a los efectos oportunos. No es cuestión de ser transparentes “simplemente por serlo”. Veo por tanto dos planos muy claros: compartir información relevante entre los entes activos, pero garantizando la confidencialidad, y transparencia bien entendida donde los resultados se muestren a la población, pero en un sentido aleccionador, no para “justificar trabajo realizado por los funcionarios”. Estadísticas de sanciones a entes o sujetos por sus faltas, como ejemplo de que quien delinque o quien no cumple las leyes, paga. Y que no haya “vacas sagradas”: en este aspecto sí percibo evolución en España, y menos “miedo” a “sancionar al grande”.

  • ¿Qué te parecería si en la comisión o en su secretaria, existiera un consejo de participación ciudadana y que este fuera el órgano asesor y de consulta y cauce para la participación de la sociedad civil, de personas expertas y de los S.O. dentro del ámbito de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la transparencia en la actividad pública y la calidad democrática, en aras al mejor cumplimiento de las funciones y fines del organismo que dependiera?

Me parece una buena idea. Pero habría que ser muy serio en este planteamiento para contar con las personas adecuadas. Me constan conatos de iniciativas donde se han intentado acciones de este tipo y siempre han terminado en fracaso por acudir a “presuntos ilustres que tocan de oído” y que se saben las leyes de memoria, pero no han visto de cerca nunca una operación sospechosa, ni han tenido que lidiar con presuntos blanqueadores o dar la cara ante clientes enfadados o cuerpos de seguridad en zonas calientes, o frente a las autoridades defendiendo la prevención. Además, se suele pensar en abogados para este asunto de forma errónea, o bien en perfiles políticos o afines cuando, no olvidemos que los PEPs o PRPS son personas “a vigilar por considerarse perfiles de alto riesgo en la materia.

  • ¿Crees que la secretaria o la comisión han actuado diligentemente sobre el registro de prestadores de servicios a sociedades en el Registro Mercantil o no iba con ellos?

El objetivo sí que tiene su sentido, pues es uno de los “actuales coladeros” y colaboradores necesarios por esa ambigüedad de las actividades que desarrollan muchos profesionales del ámbito sobre todo jurídico más general. Cómo se ha planteado por el legislador sí que ha sido caótico. De hecho, ha sido una de las materias que más consultas nos ha provocado a los especialistas. El problema es que se trata de una “legislación parche” que sólo se resolverá cuando se tome conciencia que la prevención no va de controlar Sujetos obligados de un sistema financiero del siglo pasado, y cuando el colectivo jurídico, en clara y progresiva mejoría en esta materia en los últimos años, tome conciencia que abogado no es sinónimo de sacerdote confesor ni médico con juramento hipocrático.