Juan Carlos Galindo

Así son los cambios en la ley “Anti Blanqueo”

Recogido de las motivaciones de los anteproyectos de ley, os extracto sus cambios más significativos. En posteriores artículos iremos desgranando sus cambios y como afecta a los operadores  del sector.

Se incrementan los importes máximos de las sanciones, en línea con lo dispuesto por la IV Directiva, aunque se mantienen los importes mínimos, al no existir armonización en ese punto, y considerarse adecuado ese importe mínimo.

Por lo que se refiere a la publicidad de las sanciones, si bien la normativa española ya contemplaba la opción de publicidad en el caso de infracciones graves y muy graves, se incorpora el elemento adicional de la publicidad anónima de las sanciones impuestas, en el caso de que no se acuerde la publicación.

Otro aspecto que se orienta a la mejora de la supervisión y sanción de las infracciones de la normativa de prevención es el establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que, deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

Asimismo, esta norma revisa el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública. El sistema de la norma de 2010, siguiendo el enfoque del GAFI, se basaba en la diferenciación de estas personas en dos grandes grupos.

En primer lugar, las personas con responsabilidad pública extranjeras, que por su falta de  vinculación con nuestro país y las dificultades de acceso a información sobre las mismas, se consideran siempre de alto riesgo.

En segundo lugar, las personas con responsabilidad pública nacionales, sobre los cuales se precisaba un enfoque adaptado caso por caso, dependiendo de la persona concreta y sus funciones, y del producto que contratara, podría ser considerado de alto riesgo o no.

Con la IV Directiva, este régimen se unifica, considerando a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras de alto riesgo. Una opción a la que se acoge el legislador español aún a pesar de que la nueva Directiva en negociación sobre esta materia vuelve a un enfoque en dos grupos, pero diferenciando entre personas con responsabilidad pública extranjeras y de la Unión Europea.

Dentro de las mejoras no vinculadas a la trasposición de la IV Directiva merece mención especial la incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa preventiva, como la inclusión de las plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización.

Asimismo, es preciso destacar las modificaciones encaminadas a clarificar la interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales, con el objetivo de aclarar la interacción de ambas normas y precisar las obligaciones en función del tipo de datos concretos a tratar. En este punto, se incorpora la posibilidad de crear sistemas comunes de almacenamiento de información de diligencia debida, reflejando la evolución de las llamadas regtech, o aplicación de las innovaciones tecnológicas para la mejora del cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades.

Revisa también la norma el régimen aplicable al fichero de titularidades financieras, anticipando algunas de las novedades de la futura Directiva de modificación parcial de la IV Directiva, que convertirá estos ficheros en un instrumento obligatorio para los Estados miembros.

 

Hasta aquí los cambios más relevantes según el tesoro…Veremos pues…