El blanqueo de Capitales en España

CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES

 

En España parece consolidada terminológicamente una serie de conceptos respecto del blanqueo de capitales:

  1. Se trata de un proceso.
  2. Este proceso pretende convertir el dinero negro, es decir, el procedente de negocios que constituyen un delito, o que no se pueden justificar ante las autoridades competentes, en dinero que se pueda justificar fiscalmente.
  3. Se marca la tendencia de unificar el concepto del dinero no declarado a la Hacienda Pública con el obtenido ilegalmente. Es decir, que no declarar a la Hacienda Pública es un delito.
  4. El proceso en sí mismo es un delito.
  5. En el blanqueo de capitales ha de tenerse en cuenta tanto el dinero como los bienes obtenidos ilegalmente.

Internacionalmente se utilizan expresiones sinónimas al de blanqueo de capitales:

  1. Países anglosajones: “money laundering”.
  2. Países francófonos: “blanchiment d´argent”.
  3. Países germánicos: “Geldwascherei”.
  4. América Latina (según países): “lavado de activos” (Argentina), “lavado de dinero” (Colombia), “blanqueo de dinero” (Uruguay), “legitimación de capitales” (Venezuela), etc.
  5. Italia: “reciclaggio del denaro”.
  6. Países escandinavos: “Penningtvatt”.
  7. Rusia: “otmyvanige”.
  8. China: “Hsi ch’ien”.
  9. Japón: “shikin no sentaku”.
  10. Etc.

Podríamos decir en una primera aproximación, sin pretensiones jurídicas, que el blanqueo de capitales es el proceso a través del cual se trata de dar apariencia de legalidad o legitimidad a unos productos (dinero, divisas, fondos, activos, capitales, bienes, …), generados como consecuencia de una actividad ilegal o injustificada, siendo la clave del proceso de blanqueo el eliminar el rastro entre dichos productos y la actividad ilegal realizando múltiples actos o negocios jurídicos cuyo objetivo es complicar o borrar cualquier relación respecto de su origen verdadero.

 El proceso de blanqueo se compone de varias fases:

  1. Colocación: Momento en el que los fondos son introducidos en el sistema económico o financiero.
  2. Trasformación: Conjunto de operaciones dirigidas a encubrir, ocultar o hacer desaparecer el nexo entre el activo y su fuente.
  3. Integración: Retorno del activo al patrimonio de quien lo generó con toda la apariencia de legalidad.

 Los métodos de blanqueo son complejos y cambiantes. Factores como la deliberada complejidad de los procesos, la modificación frecuente de la naturaleza de los activos, o el cambio en su localización geográfica, suelen verse con frecuencia asociados a esquemas de blanqueo.

 La lucha contra el blanqueo de capitales se basa en dos mecanismos mutuamente complementarios:

  1. El sistema represivo o penal, que configura al blanqueo de capitales como un delito tipificado en el Código Penal, correspondiendo a los juzgados y tribunales su represión, con el auxilio de los cuerpos policiales.
  2. El sistema preventivo o administrativo, que intenta dificultar o impedir el acceso al sistema financiero, así como a otros sectores de actividad, de bienes o capitales de origen delictivo, mediante la imposición de una serie de obligaciones a determinadas personas o entidades que operan en dichos sectores, de manera que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción administrativa, castigada con sanciones de multa de elevado importe.

 En España son sujetos obligados:

  1. Las entidades de crédito.
  2. Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
  3. Las empresas de servicios de inversión.
  4. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  5. Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
  6. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  7. Las sociedades de garantía recíproca.
  8. Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
  9. Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  10. Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
  11. Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
  12. Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  13. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  14. Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

ñ. Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos (trusts), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

  1. Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  2. Los casinos de juego.
  3. Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  4. Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  5. Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
  6. Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  7. Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
  8. Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
  9. Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.
  10. Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
  11. Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

 La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales se orienta a:

  1. Impedir el ingreso de los fondos delictivos en la economía formal mediante un adecuado conocimiento del cliente, a través de políticas y procedimientos KYC (conozca a su cliente – “Know Your Customer”) en la fase de colocación.
  2. Detectar las operaciones o transacciones sospechosas, especialmente en la etapa de diversificación
  3. Identificar los fondos o activos de origen delictivo mediante la investigación de los patrimonios en la fase de integración.

NORMATIVA VIGENTE Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES PRINCIPALES

España:

  • Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10).
  • Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Real Decreto 413/2015 de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  • Ley 12/2003  de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo

Unión Europea:

  • Directiva 2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
  • Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

GAFI-FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional):

  • 40 Recomendaciones (Febrero de 2012).